Este miércoles, se presentó en la Legislatura de Neuquén el proyecto de adhesión a la Ley de Narcomenudeo, la cual, entre otros aspectos, establece que todos los beneficios económicos incautados se destinen a fortalecer la política de estado.
Para ser precisos, el texto define que las multas, los bienes decomisados o el producido de su venta y otros beneficios económicos que surjan por aplicación de la ley, tendrán un destino establecido.
Así, el 25% será para la ejecución y el fortalecimiento de los programas y dispositivos destinados a la prevención y rehabilitación derivados del consumo de estupefacientes, mientras que el 50% se destinará a la ejecución y el fortalecimiento de políticas de capacitación, prevención, investigación, equipamiento, y a solventar gastos e inversiones que demanden.
Para finalizar, el 25% restante será para fortalecer las políticas de persecución y juzgamiento que deba realizar el Poder Judicial.
Sumado a esto, el proyecto afirma que los poderes Ejecutivo y Judicial podrán celebrar los convenios requeridos con organismos e instituciones provinciales, nacionales e internacionales que permitan la capacitación y el entrenamiento específico del personal que brinde servicios vinculados con la ley presente.
A su vez, se realizarán las acciones necesarias para que entre en plena vigencia, al contemplar todo lo relacionado a cuestiones normativas, procedimentales, logísticas, recursos humanos, materiales y presupuestarios, entre otros.
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, resaltó que es una ley que la pensaron “mucho”, que desarrollaron y que es la lucha contra el narcomenudeo que quieren “llevar adelante en la provincia del Neuquén”.
“No es que vamos a atacar solamente el chico y el grande hace lo que quiere. Lo que estamos presentando ahora es que nosotros nos queremos hacer cargo del narcomenudeo para complementar el trabajo que realizan las fuerzas federales”, aseguró.
En caso de que se apruebe por los diputados provinciales, la normativa comenzará a regir el 28 de febrero de 2025, y, al asumir la nueva tarea, la provincia requerirá las transferencias presupuestarias de Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación del servicio de justicia.