Este miércoles, durante la marcha contra el DNU del presidente Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) leyó un documento en el cual afirmaron que no son “la casta”, sino que son “los trabajadores”, y alertó acerca de las medidas “arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas”.
Para empezar, el documento sostuvo: “El Presidente de la Nación prometió hacer un ajuste lo pagaría lo que él denomina “casta política”, y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte. Pero su primer acto de gobierno es un Decreto de Necesidad y Urgencia que, entre muchas otras medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva”.
Seguido a esto, resaltaron que el “único objetivo” de dicha reforma es “disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical” y “solo” privilegiar “intereses empresariales”, tras lo cual afirmaron que el “orden y la libertad” de una República empieza por el respeto “irrestricto” a la Constitución Nacional y al “equilibrio de los tres poderes del Estado.
En base a ello, apuntaron que “no hay necesidad ni urgencia” que exija “subvertir el orden constitucional, arrogarse facultades legislativas que no son de su competencia, y utilizar toda esa fuerza para arrasar con la legislación laboral”.
“Cualquier plan de Gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario. El DNU está viciado de origen y por lo tanto es nulo de toda nulidad, tal como lo expresa nuestra Constitución y la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, expresaron.
Así, solicitaron a la Justicia que “cumpla con la función” de contralor del Poder Ejecutivo y que declare “la inconstitucionalidad del DNU”, al destacar que, frente al “atropello irracional” de uno de los poderes del Estado, los trabajadores acuden a la mencionada para que “vuelva a equilibrar el funcionamiento de la República”.
A su vez, afirmaron que el Parlamento debe debatir “cada una” de las iniciativas del Poder Ejecutivo, como “lugar natural” para el “diálogo político” entre los representantes de todos los sectores, tras lo cual resaltaron que vivimos “en una República de iguales”, y que “no somos un estado mesiánico ni una monarquía”.
De esta manera, aseguraron que, en representación de los “intereses” de los trabajadores que “ven conculcados sus derechos”, presentan su reclamo ante la Justicia Nacional del Trabajo para “obtener una sentencia que “declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad de Urgencia”.
“No lo hemos hecho ni por “sadismo ni por corrupción”, lo hacemos por la responsabilidad que nos cabe de representar los intereses individuales y colectivos para los que fuimos elegidos en cada organización gremial, en defensa de los derechos de todos/as y los trabajadores/as y de la ciudadanía en general”, manifestaron.
Para finalizar, admitieron que una elección democrática de Presidente “otorga legalidad y legitimidad” para que el electo impulse iniciativas políticas que “considere necesarias”, pero aseveraron que “siempre” debe ser en el marco “de la ley y el resto a la división de poderes republicanos”.
“Ser legal es respetar la Constitución Nacional. Ser legítimo es convencer a las mayorías. Si no se respeta ese esquema se corre el riesgo de no ser respetado. Y de no Ser República. NO SE CONFUNDA SEÑOR PRESIDENTE, NO SOMOS LA CASTA. SOMOS LOS TRABAJADORES”, concluyeron.