La Secretaria de Derechos Humanos apuntó este lunes contra el Poder Judicial, al asegurar que por demoras en la resolución del caso que atribuía a Carlos Blaquier delitos de lesa humanidad, el empresario murió “impune”.
"Como consecuencia de las demoras de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el empresario Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, falleció hoy sin haber sido juzgado por crímenes de lesa humanidad en Jujuy durante la última dictadura cívico-militar", sostuvo el comunicado.
Asimismo, el escrito continuó: “La muerte impune de Blaquier se produjo luego de ocho años de dilaciones judiciales que provocaron un daño irreparable en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que lleva adelante el Estado argentino, y que dejó a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad sin justicia por los crímenes respecto a Blaquier".
En tal sentido, el organismo de Derechos Humanos de la Nación consideró fundamental que se avance con urgencia en el juicio contra Alberto Lemos, administrador del Ingenio durante la última dictadura cívico-militar.
"Este juicio permitirá esclarecer especialmente la responsabilidad que tuvo la empresa en la represión ilegal a trabajadores, trabajadoras y sus familias", justificaron el pedido.
Como dueño del Ingenio Ledesma, Blaquier estuvo procesado en las causas “La Noche de los Apagones”, por la privación ilegal de la libertad de 20 personas en las localidades de Ledesma, Calilegua y Libertador Gral. San Martín en julio de 1976; y en “Aredez”, por tres secuestros entre marzo y abril de 1976.
Si bien los expedientes para enjuiciar a Lemos y a Blaquier estaban en condiciones para seguir el proceso en 2013, “no lograron avanzar ya que quedó paralizado primero en la Sala IV de la Cámara de Casación Penal: los camaristas Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi hicieron lugar a un recurso de la defensa y en 2015 le dictaron falta de mérito a ambos acusados. Luego, la causa se cajoneó en la Corte Suprema por más de seis años", explicaron.
No obstante, en el comunicado, la Secretaría destacó que "recién en julio de 2021, y tras varios pedidos de la Secretaría de Derechos Humanos y de las otras querellas exigiendo una pronta resolución, la Corte Suprema de Justicia anuló lo resuelto por la Casación, señalando que esa decisión había sido “arbitraria” y que “obstaculizó indebidamente el avance del proceso”".
"Las actuaciones irregulares de las máximas autoridades judiciales en este caso paradigmático dejan en evidencia una vez más la resistencia que generan las causas que involucran la responsabilidad de actores civiles y económicos durante la última dictadura cívico-militar", manifestaron.
"Los juicios no pueden esperar. Las víctimas tampoco", concluyó el comunicado.