La Cámara Federal solicitó este miércoles que los acusados de participar en el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre, sean sometidos a juicio oral y público.
El pedido se dio luego de que los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, hayan rechazado el planteo de prisión domiciliaria para Nicolas Gabriel Carrizo, quien es considerado como jefe del grupo denominado "Los Copitos", e instaron a la jueza María Eugenia Capuchetti a que el caso pase a instancia de juicio oral.
La causa por el intento de magnicidio ahora está delegada en la fiscalía de Carlos Rívolo y recae contra Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Nicolás Gabriel Carrizo.
“Frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto”, los jueces Bertuzzi y Bruglia, recomendaron que “se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal”.
"Más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella - las que aún no han sido probadas siquiera con el grado de certeza que requiere esta etapa- lo cierto es que luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva", expresó Llorens, por su parte, al pronunciar su voto.
Además, añadió que comprende que “al menos respecto de la situación procesal de Carrizo y sus consortes, entiendo que las actuaciones se encuentran en el tiempo óptimo para proceder conforme lo previsto por el art. 346 del C.P.P.N. para así lograr una pronta realización del juicio".
Asimismo, el juez expresó que "una justicia que tarda no es justicia; pero tampoco lo es una que se pronuncia mecánicamente, guiada por el impulso de ajustarse a un calendario. Es por ello que la razonable tramitación de las causas debe ser en un tiempo óptimo".
Motivos del rechazo a la petición de Carrizo
De acuerdo al avance en la investigación, tanto Sabag Montiel como su novia estaban planificando el atentado desde hace varios meses, según se contempla en sus conversaciones vía mensajería instantánea, e incluso habían pensado alquilar una propiedad cercana a la de la vicepresidenta para seguir todos sus movimientos.
Por tal razón, los tres jueces resolvieron rechazar el pedido de detención domiciliaria presentada por Carrizo con la defensa de Gastón Marano, y se refirieron a "riesgos procesales" como ser el posible entorpecimiento de la investigación que por ahora tiene solo tres detenidos e imputados.